Willivardo José Querales Abreu murió de tuberculosis mientras cumplía condena en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización advirtió que este fallecimiento se suma a una lista de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026, en medio de las deficiencias sanitarias que afectan a los centros penitenciarios del país.
Según el OVP, en el penal 26 de Julio permanecen más de 1.800 internos en instalaciones diseñadas para albergar a unos 850, lo que representa una ocupación superior al 211 %.
La ONG señaló que el hacinamiento, las condiciones deficientes de higiene, la alimentación inadecuada y la falta de atención médica favorecen la propagación de enfermedades y agravan el estado de salud de los detenidos.
El director del OVP, Humberto Prado, cuestionó la falta de medidas para atender la crisis sanitaria en las cárceles y responsabilizó al Ministerio para el Servicio Penitenciario por las deficiencias que ponen en riesgo la vida de los reclusos.
«Me llama poderosamente la atención que el ministro, en lugar de reconocer que existe un grave problema de salud en las cárceles venezolanas, con deficiencias de higiene, alimentación y atención médica, no adopte las medidas necesarias para enfrentar esta crisis, mientras los presos siguen muriendo bajo custodia del régimen», expresó.
La organización recordó que la tuberculosis requiere diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento médico para evitar complicaciones y nuevos contagios. También señaló que las Reglas Nelson Mandela establecen obligaciones sobre el acceso a servicios de salud y la atención de enfermedades infecciosas entre la población penitenciaria.
Ante el fallecimiento, el OVP exigió al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de Querales Abreu y determinar si hubo omisiones o retrasos en la atención médica. También pidió a la Defensoría del Pueblo intervenir para proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
Asimismo, instó al ministro Julio García Zerpa a presentar resultados verificables sobre las medidas implementadas para garantizar atención médica, medicamentos, condiciones sanitarias adecuadas y reducir el hacinamiento en los centros de reclusión.
🚨 #OVPDenuncia Willivardo José Querales Abreu murió de tuberculosis mientras cumplía condena en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado #Guárico.
Su fallecimiento no solo vuelve a poner en evidencia la grave crisis sanitaria que atraviesan las cárceles venezolanas, sino que engrosa la alarmante lista de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026, en apenas siete meses.
Desde el @oveprisiones denunciamos que esta nueva muerte ocurrió en un penal donde más de 1.800 presos permanecen en instalaciones diseñadas para apenas 850, lo que representa una ocupación superior al 211%.
El hacinamiento, las deficientes condiciones de higiene, la alimentación inadecuada y la falta de atención médica conforman un escenario en el que las enfermedades encuentran condiciones propicias para propagarse y la salud de los detenidos se deteriora sin respuestas oportunas.
A más de dos años de haber asumido el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa sigue sin ofrecer soluciones efectivas a las graves deficiencias que ponen en riesgo la vida de miles de personas privadas de libertad.
Las denuncias por falta de médicos, medicamentos, alimentación adecuada, condiciones sanitarias y traslados hospitalarios oportunos continúan, mientras las muertes bajo custodia se acumulan sin que se conozcan resultados suficientes de investigaciones ni medidas estructurales que impidan que estas situaciones se repitan.
«Me llama poderosamente la atención que el ministro, en lugar de reconocer que existe un grave problema de salud en las cárceles venezolanas, con deficiencias de higiene, alimentación y atención médica, no adopte las medidas necesarias para enfrentar esta crisis, mientras los presos siguen muriendo bajo custodia del régimen», señaló @HUMBERTOPRADOS, director del OVP.
El ministro tiene la responsabilidad de garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con servicios de salud capaces de detectar y tratar enfermedades, asegurar condiciones dignas de reclusión, atender las denuncias de los familiares y adoptar medidas frente al hacinamiento. Después de más de dos años de gestión, estas obligaciones no pueden seguir tratándose como problemas pendientes mientras los presos continúan muriendo.
La muerte de Querales Abreu también obliga a poner la mirada sobre la prevención de enfermedades infecciosas, tanto en las cárceles como en los calabozos policiales, donde el hacinamiento y la ventilación deficiente incrementan el riesgo de contagio.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que requiere diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y seguimiento médico, además de medidas de prevención para evitar su propagación entre la población detenida.
Las Reglas Nelson Mandela, especialmente las reglas 24 y 30, establecen obligaciones relacionadas con el acceso a servicios de salud, la continuidad de los tratamientos y la identificación y atención de enfermedades contagiosas.
En ese sentido, su cumplimiento exige evaluaciones médicas, diagnóstico temprano, tratamientos oportunos y condiciones sanitarias adecuadas. No se puede esperar a que un preso esté agonizando para brindarle atención médica.
Ante este nuevo fallecimiento, desde el @oveprisiones exigimos al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de Querales Abreu, determinar qué atención recibió y establecer si existieron omisiones o retrasos que contribuyeron a su fallecimiento.
Exigimos también a la Defensoría del Pueblo que cumpla con su mandato constitucional e interponga las acciones necesarias para proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad, frente a las omisiones del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Su responsabilidad no puede limitarse a recibir denuncias mientras continúan las muertes bajo custodia.
Asimismo, exigimos al ministro Julio García Zerpa presentar resultados verificables de su gestión en materia de salud penitenciaria, informar qué medidas ha implementado para prevenir enfermedades infecciosas, garantizar personal médico y medicamentos, mejorar las condiciones sanitarias y reducir el hacinamiento, así como explicar qué actuaciones se han realizado frente a las reiteradas muertes bajo custodia.
Después de más de dos años al frente del sistema penitenciario, la obligación del ministro no es seguir administrando una crisis que cobra vidas, sino responder por las deficiencias que persisten y adoptar medidas concretas para corregirlas.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 10, 2026
