La audiencia para las conclusiones del juicio del preso político Steven Ricardo García Sanz, fijada para este lunes 14 de marzo, fue suspendida por solicitud de la fiscal Dayana Coromoto González, quien dijo a la jueza que no estaba preparada para dar las conclusiones, pese a que en la audiencia del pasado 9 de marzo el tribunal anunció que hoy debía concluir el juicio. Steven García está privado de libertad injustamente desde el 26 de enero de 2016.
González, quien ejerce como encargada de la Fiscalía N° 3 del Ministerio Público del estado Mérida, dilata con un injustificado alegato un juicio cuyo procesado lleva más de 6 años preso, acusado de un asesinato sobre el que no existe ninguna prueba que lo inculpe. Un total de 14 testigos presentados por la Fiscalía dieron su testimonio en este juicio sobre lo ocurrido el 9 de marzo de 2014, cuando fue asesinada Gisella Victoria Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida, en el contexto de las protestas sociales de ese año. Ninguno de los testigos acusó a García de haber matado a Rubilar. Ni siquiera declararon haberlo visto en el lugar de los hechos.
Dilaciones que violan el derecho a la justicia
Con las constantes e injustificadas dilaciones de juicios realizados a jóvenes detenidos arbitrariamente por hechos ocurridos en el contexto de las protestas sociales de 2014 y 2017, los funcionarios de justicia del Estado venezolano no solo violan la Constitución y las leyes nacionales, sino tratados internacionales. Igualmente incumplen el Memorando de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), suscrito en Caracas el 2 de noviembre de 2021, en el marco de la visita al país del Fiscal de la CPI. Karim Khan decidió entonces avanzar a la siguiente fase la investigación que la CPI hace sobre el Estado venezolano por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Steven García está privado de libertad en el Centro Penitenciario de la Región los Andes (CEPRA), ubicado en San Juan de Lagunillas, estado Mérida, compartiendo celda con presos comunes. Su juicio se inició apenas en agosto de 2021, después de más de cinco años y medio de su arbitraria detención. La Fiscalía le imputa los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles y obstrucción a vías públicas, previstos en el Código Penal venezolano, así como asociación para delinquir, establecido en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En situación similar se encuentran Marller González y Walter Mayorga, acusados sin pruebas del asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), también durante las protestas sociales de 2014. En los casos de Erickvaldo Márquez y Daniel Parra, liberados después de casi cuatro años de injusta prisión por homicidios perpetrados en las protestas de 2017, igualmente hubo retardo procesal y excesivas dilaciones injustificadas.
