El presidente electo, Edmundo González, afirmó que «estamos en el deber de reconstruir la memoria de nuestro país», al compartir una publicación de Monitoreamos.com que recordaba el día que el expresidente Hugo Chávez pidió «pena máxima» contra la jueza María Lourdes Afiuni.
«Restablecer la verdad, reconocer a las víctimas, preservar la responsabilidad, que las nuevas generaciones conozcan su historia, para lograr sanar y avanzar. Sin duda, necesitamos esa reconstrucción», escribió González en su cuenta en X.
El presidente electo agregó que «levantar la memoria de un país significa escuchar las diferentes voces sobre la experiencia de cada uno», y afirmó que «todos tenemos ese trabajo pendiente».
El pronunciamiento se produce luego de que, este viernes 7 de agosto, la jueza María Lourdes Afiuni recuperara su libertad plena y el caso en su contra fuera definitivamente cerrado, tras 16 años de persecución, encarcelamiento, torturas y abuso sexual.
Su detención fue ordenada por Hugo Chávez, quien en cadena nacional pidió «pena máxima» contra la jueza por haber liberado al empresario Eligio Cedeño. El entonces presidente lo hizo por primera vez el 11 de diciembre de 2009, un día después del arresto de Afiuni, y lo reiteró el 21 de diciembre de ese mismo año, en una nueva alocución televisada ante la entonces fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz.
En esa segunda cadena, Chávez afirmó: «¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley». El mandatario comparó el caso con el de un homicida: «Si un homicida le salen 30 años, pena máxima (…) en Venezuela a un juez le saldrían. Yo le pondría 35». Y remató: «Yo pido pena máxima para juez que se preste a vagabundería como esta (…) ¿Y no en una oficina por ahí no, donde debe estar? En una prisión».
Afiuni fue recluida en el Instituto de Orientación Femenina (INOF), donde fue violada por sus carceleros. Su caso quedó marcado por diferimientos sostenidos, condiciones de reclusión denunciadas como inhumanas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y una condena en 2019 a cinco años de prisión por el delito de «corrupción espiritual», una figura que sus defensores calificaron como inexistente en la legislación penal venezolana. Pese a haber cumplido con creces esa pena, el régimen chavista mantuvo abierto su caso, le negó permisos para viajar al exterior a recibir tratamiento médico y excluyó su expediente de la Ley de Amnistía.
Estamos en el deber de reconstruir la memoria de nuestro país.
Restablecer la verdad, reconocer a las víctimas, preservar la responsabilidad, que las nuevas generaciones conozcan su historia, para lograr sanar y avanzar. Sin duda, necesitamos esa reconstrucción.
Levantar la… https://t.co/srpdX89bsX
— Edmundo González (@EdmundoGU) August 8, 2026
