Era mediados de 2022 cuando Elizabeth Marín, profesora de Arte Latinoamericano y Contemporáneo en la Universidad de Los Andes (ULA), fue diagnosticada con cáncer de mama. Tenía 56 años, un doctorado en Historia del Arte, 17 años como docente universitaria y un sueldo mensual equivalente a 120 dólares en ese entonces.
«Fui diagnosticada con un cáncer de mama en etapa temprana y todo iba bien. Me operé en el hospital. El IPP me compró todos mis insumos. Yo lo que tuve que costear fueron los medicamentos y lo que vino después», cuenta Marín vía telefónica al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
Aunque ella señala que «todo iba bien» tras su diagnóstico y cirugía, la historia del declive presupuestario del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación (IPP) de la ULA muestra que su atención médica debió ser y debería ser mejor.
En el Informe sobre el acceso de los universitarios al derecho a la salud (2018), este Observatorio señaló que el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología dejó de pagar en septiembre de 2017 la partida destinada a la cobertura básica de salud del IPP-ULA. Pero los recortes comenzaron un lustro antes: en julio de 2012, el IPP-ULA tampoco recibió la previsión social ni el seguro de salud (HCM) correspondiente al segundo semestre de ese año.
Marín cuenta que, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida en 2022 y un ciclo de quimioterapias -que también recibió en el hospital-, hace dos años le diagnosticaron una progresión de la enfermedad. «Unos dicen progresión, otros dicen metástasis, pero yo prefiero la palabra progresión para no sentirme mal. Y fue la locura. Fue sentirme muy mal por no tener los recursos económicos, a pesar de que trabajo un montón, de ser profesora titular de la Universidad de los Andes con maestría, con doctorado, con todo lo que uno tiene que tener. Sin embargo, lo que supuestamente devengamos no alcanza para cubrir tratamientos de alto costo, y el medicamento que tomo ahora el Estado venezolano no lo trae. Entonces tuve que sentarme un rato a llorar pensando en que esto se acababa», relata.
Desde entonces, Marín ha tenido que apelar a la solidaridad de familiares, amigos y colegas que han hecho campañas de recolección de fondos para que ella pueda cubrir un tratamiento que supera los 500 dólares mensuales. Su ingreso total al mes como profesora universitaria, con el mayor escalafón y a dedicación exclusiva, suma 480 dólares, provenientes casi en su totalidad de bonos que otorga el gobierno a través del Sistema Patria.
Actualmente, el sueldo base más alto de los profesores universitarios en Venezuela, que es el que incide en los cálculos de beneficios de contratación colectiva, se mantiene igual a cuando Elizabeth Marín recibió el primer diagnóstico: 522,16 bolívares que, a la tasa de cambio de hoy, son apenas 0,59 dólares.
«Yo espero que en algún momento haya un llamado de conciencia al Estado venezolano, para que no solamente las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, sino que los profesores universitarios, empleados, obreros y estudiantes, tengamos la medicación pertinente para seguir adelante y saber que el cáncer no es un final, no es una condena de muerte, no. Es una manera de vivir con la que tienes que seguir adelante», subraya Marín.
La campaña de recaudación de fondos que está en curso para apoyarla se llama «Arte para Elizabeth Marín»: un catálogo de obras de arte que un grupo de artistas donó para quienes quieran comprarlas. El 100 % de las ventas se destina a costear su tratamiento. El catálogo está disponible aquí y el contacto para adquirir alguna obra es el artista visual Jesús Briceño, al teléfono +58 (424) 211-8111.
Fundación Causa Rosa: una alternativa impulsada por la solidaridad
En medio de la asfixia a las universidades autónomas que el gobierno ha implementado sistemáticamente desde hace 18 años, la resiliencia de los universitarios se ha manifestado mediante iniciativas que sostienen profesores, trabajadores, estudiantes y egresados.
Una de estas iniciativas es la Fundación Causa Rosa, creada hace 20 años con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Su actividad principal anual es la organización de una caminata 5K y una carrera 10K, en el marco del mes rosa (octubre). Este año, ambas actividades se realizaron ayer domingo 1º de noviembre. La recaudación de fondos está destinada a ofrecer atención primaria a mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.
El pasado viernes 30 de octubre, la Fundación Causa Rosa y el Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de Los Andes (Camiula) realizaron una jornada de despistaje de cáncer de mama en la que atendieron no solo a mujeres de la ULA, sino de todo el estado Mérida.
Breida Araque, coordinadora de la Fundación Causa Rosa, explica que la atención primaria que brinda la fundación se ofrece desde hace 10 años. Desde entonces, han apoyado a 40 mujeres en etapa inicial de la enfermedad. «Esas pacientes acuden con nosotros por los altos costos para tratar el cáncer de mama. La mayoría de las pacientes son de la universidad, trabajadoras de la universidad. Hemos tenido del estado Trujillo y de las diferentes Facultades, pero también atendemos a mujeres que no forman parte de la ULA», señala la médica mastóloga y de familia.
Liliana Urbina fue una de las mujeres atendidas en la jornada de despistaje. Vive en Ejido y es funcionaria pública jubilada, ajena a la ULA. «He asistido varias veces a estas jornadas porque hoy en día, es muy triste decirlo, pero con los sueldos que tenemos es bastante difícil ir a un especialista. Mi sueldo quincenal son 220 bolívares. ¿Cómo me alcanza? Si un mastólogo hoy en día cobra 60 dólares por una sola consulta», expresó. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) de este lunes 2 de noviembre de 2026 es de Bs. 889,57 por dólar.
El derecho humano a la salud y un exhorto al Estado venezolano
Los testimonios de Elizabeth Marín, Breida Araque y Liliana Urbina muestran que la solidaridad ha sustituido lo que debería ser una obligación del Estado venezolano. El artículo 83 de la Constitución nacional establece que «la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida».
Esta obligación también está consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 reconoce el derecho de toda persona «al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». La Observación General n.º 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales amplía este derecho al señalar que «la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos», por tanto, los servicios de salud deben ser disponibles, accesibles, aceptables y de calidad.
Por su parte, el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a asegurar a las mujeres, en condiciones de igualdad, el acceso a los servicios de atención médica.
El ODH-ULA exhorta al Estado venezolano a cumplir con estas obligaciones y garantizar a todas las mujeres el diagnóstico oportuno, los tratamientos oncológicos y los medicamentos de alto costo, sin que su vida dependa de campañas de solidaridad o caminatas benéficas.
En el caso de las mujeres universitarias, el derecho a la salud no estará garantizado mientras se mantenga la asfixia presupuestaria a las universidades venezolanas. Es urgente restituir la autonomía financiera universitaria que consagran el artículo 109 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley de Universidades. Eso exige entregar presupuestos suficientes y a tiempo, reactivar los aportes de salud y previsión social al IPP-ULA y a los demás entes de protección universitaria. Solo así las universidades podrán volver a administrar su patrimonio y proteger la salud de quienes las sostienen.
Con información de ODH-ULA
