La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó este martes en Ginebra su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en el que identifica las cadenas de mando presuntamente responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Los identificados van desde el propio Nicolás Maduro, pasando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro Tareck El Aissami, el diputado Diosdado Cabello, y los jefes de los organismos de inteligencia.
«Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente (Nicolás Maduro) tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del SEBIN», concluye la Misión.
Además, en relación con las violaciones cometidas en la DGCIM, la Misión encontró «motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos».
El informe detalla que «información interna fiable indica que el Presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el Ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos».
En este sentido, la Misión también constató que «Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización».
Además, también concluyó que «la Vicepresidente (Delcy Rodríguez) conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió».
Otros de los funcionarios identificados en el tercer informe de la Misión de la ONU es el Director General de la DGCIM, Iván Hernández Dala.
«El Director de la DGCIM, el General Hernández Dala, depende del Presidente (Maduro) y ha sido nombrado en razón de su lealtad. Existe un contacto frecuente, una estrecha relación entre ambos: el Presidente está informado de lo que ocurre en la DGCIM y da órdenes directamente al Director. Dentro de la DGCIM, los funcionarios también ocupan una posición de confianza. Son nombrados y destituidos libremente por el Director General. La prueba sugiere que el Presidente tiene el poder de saltear las líneas oficiales de jerarquía dentro de la DGCIM, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga».
Alexánder Enrique Granko Arteaga es el director de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, señalado de ser uno de los presuntos responsables por las torturas cometidas en el organismo.
«Un exempleado de la DGCIM le manifestó a la Misión que quienes participaban en las detenciones arbitrarias no podían negarse a llevarlas a cabo, porque si lo hacían, serían investigados como posibles disidentes, lo que podría llevar a su desaparición», reseña el informe.
La Misión también da cuenta de que en el SEBIN, «las torturas a los detenidos eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos. Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos ‘y así hacerse respetar'».
