La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este sábado una evaluación técnica independiente de la infraestructura de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.
En su cuenta oficial en la red social X, la organización sostuvo que hasta la fecha las autoridades no han establecido protocolos preventivos ni permiten el ingreso de organismos independientes para verificar el estado de la cárcel y las condiciones de reclusión.
Aseguraron que dentro del penal persisten las amenazas y el temor de que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), «u otro grupo violento, para obligarlos a permanecer encerrados en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada en una evaluación técnica independiente».
A continuación, el comunicado completo:
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo de una nueva actuación violenta contra los presos políticos recluidos en El Rodeo I.
La denuncia fue recibida este sábado 18 de julio, tras las visitas familiares obligatorias. De acuerdo con testimonios de familiares y detenidos, dentro del penal persisten las amenazas y el temor de que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), u otro grupo violento, para obligarlos a permanecer encerrados en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada mediante una evaluación técnica independiente.
Los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias. Su exigencia es no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante nuevos movimientos sísmicos.
Este temor responde a lo ocurrido durante los terremotos recientes. Según los testimonios recibidos, los funcionarios los dejaron sin protección durante aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos y no activaron oportunamente medidas de resguardo o evacuación.
Hasta ahora, las autoridades tampoco han establecido protocolos preventivos ni permitido el ingreso de organismos independientes para verificar el estado de la infraestructura y las condiciones de reclusión.
La situación se agrava por la respuesta ofrecida recientemente por el Ministro para el Servicio Penitenciario, el Viceministro y el Director General de Atención Integral a las Familias ante las denuncias de tortura y otros tratos crueles.
En lugar de asumir responsabilidades, investigar los hechos y adoptar medidas de protección, en reunión con víctimas el pasado lunes 13 de julio, las autoridades negaron y minimizaron las denuncias, descalificaron a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan, y no asumieron ningún compromiso para sancionar a los funcionarios involucrados ni modificar los patrones de maltrato denunciados.
CLIPPVE exige:
– Medidas inmediatas de protección para todos los presos políticos recluidos en El Rodeo I.
– Una evaluación técnica independiente de la infraestructura y la aplicación de protocolos de prevención y evacuación.
– El ingreso urgente de organismos nacionales e internacionales independientes.
– El cese de las amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian.
– Una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y otros tratos crueles denunciados.
– La remoción urgente de las actuales autoridades responsables del sistema penitenciario, ante el riesgo de que continúe una política de agresión y represalias amparada por la impunidad.
Hasta ahora no existe ninguna acción gubernamental efectiva dirigida a investigar los abusos, determinar responsabilidades o sancionar a los funcionarios involucrados. Esta inacción aumenta el riesgo de repetición.
La responsabilidad política de prevenir nuevas violaciones recae directamente sobre Delcy Rodríguez, como autoridad interina del Ejecutivo. El Estado conoce el riesgo y está obligado a actuar.
Si las autoridades deciden forzar el reingreso de los presos políticos a celdas cuya seguridad no ha sido verificada, sin protocolos de emergencia y pese a las advertencias realizadas, asumirán plena responsabilidad por cualquier nueva agresión o afectación a la vida e integridad de las personas bajo su custodia.
La comunidad internacional debe mantener una vigilancia urgente sobre El Rodeo I y exigir garantías inmediatas de protección.
