El panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentó su segundo informe, durante una conferencia de prensa celebrada este martes en La Haya.
Los miembros del panel, Santiago Canton y Joanna Frivet, presentaron sus conclusiones en las que revelan que las reformas institucionales de Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas.
El informe expresa su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. «Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)», señala el escrito.
Destacaron dos casos que «son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI«:
a. Calixto Ortega, actualmente Embajador de Venezuela en los Países Bajos y Jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros.
b. Diosdado Cabello, vicepresidente de la «Comisión de la Revolución Judicial» y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él.
«En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad», dijo Cantón.
A continuación, el informe completo:
