La familia de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel aclaró este sábado que la activista no tiene libertad plena y que, como parte de las medidas cautelares impuestas tras su excarcelación del 8 de enero, tiene prohibido realizar declaraciones públicas.
La información fue difundida en un comunicado oficial firmado por su hermano y único portavoz autorizado, José Manuel San Miguel, quien la recibió en Madrid tras su salida de prisión.
El documento explica que la excarcelación de San Miguel corresponde a una medida cautelar sustitutiva, por lo que su proceso judicial continúa abierto y está sujeta a restricciones, entre ellas la prohibición de emitir opiniones o valoraciones públicas.
“Ninguna persona está autorizada a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos o interpretaciones sobre su situación personal, legal o de salud”, señala el comunicado.
Agradecimiento a España, Venezuela y mediadores
El comunicado expresa agradecimiento al Gobierno de Venezuela, al Gobierno de España, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a los actores que participaron en los diálogos entre Caracas y Washington, a quienes atribuyen un rol determinante en la excarcelación.
San Miguel viajó a España por intermediación directa del Gobierno español, según detalla el texto, y esta condición no constituye un destierro, sino parte de los acuerdos humanitarios alcanzados.
Estado de salud y rehabilitación
La familia informó que Rocío San Miguel se encuentra en buen estado general, aunque continúa un proceso de rehabilitación en el hombro tras dos intervenciones quirúrgicas realizadas en 2025.
El comunicado subraya que San Miguel mantiene la esperanza de que todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela recuperen su libertad y que estos pasos formen parte de un proceso más amplio de reconciliación nacional.
“Nuestra aspiración es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares”, afirma su hermano.
