Familiares de 174 trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) detenidos en los años 2024 y 2025, denunciaron este miércoles que fueron acusados de diferentes delitos sin saber, sin “pruebas ni derecho a la defensa”.
«Nuestros familiares fueron llevados a tribunales por primera vez sin ni siquiera permitirles defensa privada legalmente. Yo quiero puntualizar ante la opinión pública nacional e internacional: los presentaron en una audiencia telemática y cuando salieron de allí, fueron directo para Yare; solo algunos pudieron ver dos meses después a su defensor público», expresó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de un detenido, mientras declaraba en una rueda de prensa junto a más de un centenar de madres y familiares.
Fuentes asegura que hasta la fecha sus familiares no conocen la identidad de los defensores públicos asignados por el Estado, a pesar de que arriban a casi dos años de haber sido detenidos de forma arbitraria.
«Hasta el sol de hoy ninguno de los nuestros conoce a sus defensores; eso hace que este caso sea un caso nulo desde el inicio, donde se violaron todas las garantías y derechos constitucionales», afirmó.
«Hasta el sol de hoy ninguno de los nuestros conoce a sus defensores; eso hace que este caso sea un caso nulo desde el inicio, donde se violaron todas las garantías y derechos constitucionales», afirmó.
Para las esposas, madres y parientes de los presos políticos del “Caso PDVSA Obrero”, sus casos han sido objeto de señalamiento institucional para que no sean vinculados con una acción política que de la cual piden que sea tomada en cuenta como parte de la Ley de Amnistía que adelante la Asamblea Nacional.
«Nos quieren vender como que no somos un caso político. Hay desproponacionalidad en la aplicación de la ley, la violación del debido proceso que es totalmente arbitrario. Tenemos el delito como fachada para justificar poder abrir un expediente», insistió.
Los familiares solicitan que la reconciliación nacional anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez se extienda de manera “real” a todos los afectados y que la amnistía general sea “incluyente” para que acoja el caso de sus parientes.
«¿Cómo podemos hablar de reconciliación cuando todavía tenemos presos políticos? Aquí no sabemos cuántos presos políticos hay; no los podemos contabilizar. Estamos hablando de una ley que se proyecta excluyente y confiamos de verdad en que este proyecto sea inclusivo y que los involucre a todos», recalcó.
Les pertenecen a las instalaciones petroleras de PDVSA en diferentes regiones del país, y se encuentran distribuidos en las siguientes formas: 73 de Puerto La Cruz, 3 de La Guaira, 14 Refinería El Cardón, 24 Amuay, 2 de Distrito Capital, 4 de Punto Fijo; recluidos en los centros penitenciarios de Yare 2, Yare 3, Las Crisálidas y el Fuerte Guaicaipuro.
