La cuestionada Asamblea Nacional chavista aprobó este martes en primera discusión el «Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines».
La propuesta fue presentada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien dijo que han identificado 62 organizaciones de la sociedad civil «que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de gobiernos distintos al Gobierno bolivariano y el fin es imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia». Esto sería prohibido por la nueva legislación y que dejaría a estas ONG en situación de ilegalidad.
Entre estas organizaciones mencionó a Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El proyecto de ley presentado establece en su artículo 15 que «las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; 2. Realizar actividades políticas; 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República; 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana».
«Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. ¡Ya basta!», expresó Cabello.
José Brito, el diputado sancionado por cooperar con el régimen en el socavamiento de la democracia y acusado de tener vínculos con Álex Saab, aseguró que salvarían su voto por no conocer a profundidad la ley, aunque dijo que tiene una lista con más organizaciones que también serían susceptibles a ser ilegalizadas.
«Yo tengo una lista mucho más amplia que la que tiene el diputado Cabello y quisiera que esa lista, en algún momento, la conozca Venezuela, pero nosotros como fracción tenemos que ser responsables”, indicó.
Tras los derechos de palabra, Jorge Rodríguez enfatizó que el financiamiento internacional para actividades políticas es ilegal en Venezuela, y que esta ley busca aplicar ese criterio sobre las ONG.
