La abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López Soto denunció este martes un nuevo diferimiento en el proceso judicial que mantiene desde hace más de 25 años en búsqueda de justicia.
«Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia», expresó López Soto en una publicación difundida en redes sociales.
Linda Loaiza había sido notificada el pasado 7 de agosto sobre la celebración, este 11 de agosto de 2026, de una audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer nuevamente las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y por ella, en su condición de víctima y querellante, contra la absolución por el delito de violación.
Según la boleta de notificación, fechada en Caracas el 22 de julio y firmada por la jueza presidenta Luisa Romero, la audiencia se convocó en cumplimiento de la sentencia número 1992 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada el 15 de diciembre de 2016, que ordenó que una sala distinta a la que emitió el fallo anulado conociera los recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia el 9 de marzo de 2006.
El caso de Linda Loaiza
Loaiza fue víctima de secuestro, tortura y esclavitud sexual el 27 de marzo de 2001, cuando fue interceptada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como «El Monstruo de Los Palos Grandes», quien la mantuvo privada de libertad durante cuatro meses, período en el que fue abusada sexualmente, mutilada y torturada. Fue rescatada el 19 de julio de 2001 por bomberos y funcionarios policiales.
El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades documentadas durante años: el expediente pasó por más de 60 jueces hacia 2004, y ese mismo año, en un juicio marcado por abusos e insultos del agresor hacia la víctima, la jueza Rosa Cádiz Rondón absolvió a Carrera Almoina, a su padre —el exrector universitario Gustavo Carrera Damas— y a la secretaria de este de todos los cargos, además de ordenar una investigación contra la propia Loaiza y su familia.
Años después se logró un nuevo juicio en el que Carrera Almoina fue condenado a seis años y un mes de prisión por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, aunque resultó absuelto de los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura, que permanecen en la impunidad.
Loaiza se convirtió en la primera persona en presentar un caso de violencia de género contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras concluir que Venezuela era responsable por la violación de múltiples derechos consagrados en la Convención Americana. La Corte IDH emitió su sentencia el 16 de septiembre de 2018, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.
