El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este jueves ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se oficializa una nueva acusación que incorpora un cargo de conspiración para cometer tortura. Es el quinto pliego de cargos en el proceso judicial que se sigue contra ambos desde la captura de Maduro en enero.
La nueva imputación eleva a cinco los cargos contra la pareja: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Según la acusación, entre 1999 y 2025 Maduro y Flores, junto con otros coconspiradores, acordaron infligir dolor y sufrimiento físico y mental graves a personas bajo su custodia y control, con el fin de «reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia y la disidencia percibida, preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros».
La acusación afirma que, durante más de 25 años, los acusados «abusaron de sus cargos de confianza pública, enriqueciéndose mediante la corrupción y permaneciendo en el poder mediante graves violaciones de derechos humanos».
De acuerdo a la imputación, ambos se situaron «en la cúspide de esa violenta estructura de poder», apoyada en el control de las fuerzas armadas, el poder judicial y los organismos de seguridad, y en alianzas con grupos criminales organizados, incluidos los colectivos.
Las torturas documentadas
El documento describe métodos de tortura que incluirían descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición y amenazas de matar a familiares de las víctimas, incluidos niños, contra venezolanos y también ciudadanos estadounidenses.
Atribuye a Maduro haber presidido el sistema, comandado a las unidades responsables, ordenado que determinadas personas fueran detenidas ilegalmente y torturadas y recibido informes sobre la tortura de presos específicos. A Flores, la acusación le atribuye haber ayudado a desarrollar ese sistema y haber ordenado torturas para proteger actividades ilegales de sus familiares.
Entre los episodios que cita la acusación figuran las torturas perpetradas en 2010 contra un agente de seguridad identificado como «Funcionario-1» por parte de militares de la Guardia Nacional Bolivariana y del equipo de seguridad de Maduro y Flores, por considerarlo desleal.
El texto también documenta una reunión realizada a comienzos de 2014, en medio de las protestas masivas antigubernamentales, en la que Maduro habría sugerido secuestrar a cinco o siete militares y «sacarles la información» mediante tortura, y Flores habría estado de acuerdo. Según la acusación, ante el informe de que una persona detenida se negaba a ceder, Maduro hizo un gesto de torcer las manos y dijo: «apriétenlos más».
Asimismo, describe el arresto en febrero de 2014 de un líder opositor de las protestas, sin identificarlo, a quien un alto funcionario le habría dicho que era «un prisionero de Maduro», y que habría sufrido golpizas, privación del sueño, aislamiento y luces y sonidos intensos, en parte siguiendo instrucciones de Maduro.
También menciona la «Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial», anunciada por Maduro en 2021 con Flores como vicepresidenta, y que habría servido para asegurar que el poder judicial encarcelara a opositores y disidentes. En ese contexto, describe que familiares de una jueza que se resistió a bloquear candidaturas opositoras fueron arrestados y torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre otros métodos con el confinamiento en un cuarto frío conocido como el «Congelador».
