La organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció la irregular conformación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras el «permiso temporal» otorgado al magistrado chavista Calixto Ortega para que asuma como embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La ONG destacó que su nombramiento como embajador debió provocar la renuncia de Ortega a su cargo como magistrado, y no solo apartarse con un «permiso temporal», ya que el artículo 39 de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ) establece que los magistrados deben dedicarse exclusivamente a sus funciones jurisdiccionales.
«Permitirle a un magistrado desempeñarse como embajador o representante del Ejecutivo nacional en otro país, sin perder su condición de miembro del TSJ, es una clara señal de que la ley en Venezuela se aplica a todos, menos a quienes detentan el poder«, denunció la organización.
El TSJ también decidió que la vacante de Ortega sería ocupada por la magistrada suplente Michel Adriana Velásquez Grillet. Sin embargo, la ONG advirtió que este acomodo no cumple con la correcta integración de la Sala Constitucional que establece la carta magna.
«La convocatoria de Velásquez Grillet contradice lo previsto en el artículo 48 de la LOTSJ. Dicha norma señala que para la suplencia de las faltas de los magistrados «se convocará a los suplentes en el orden de su designación», y agrega lo siguiente: «Se entiende por orden de designación, el que aparezca establecido en las listas de suplentes que sean elegidas por la Asamblea Nacional para cada Sala», subrayó Acceso a la Justicia.
Velásquez Grillet no encabeza la lista de magistrados suplentes designados por el Parlamento chavista en abril pasado. Este puesto lo ocupa Cristóbal Cornieles Perret, según consta en la Gaceta Oficial respectiva.
La ONG destacó que aunque el TSJ no explicó los motivos por los cuales no convocó a Cornieles, la posibilidad de que fuera por algún problema de salud o de otra naturaleza que le impidiese ejercer el cargo queda descartado, pues el 29 de octubre el Tribunal lo juramentó como miembro de la Corte de Apelaciones de Caracas y presidente del Circuito Judicial Penal de la capital.
«El salto de un suplente a otro es un asunto de dudosa legalidad, pero el nombramiento de un magistrado suplente en otro cargo del Poder Judicial pone en duda los principios que postulan la independencia e imparcialidad, sobre todo porque no se siguieron los requisitos constitucionales y legales exigidos en la materia», advirtió la organización.
