Más de 80 organizaciones internacionales en Latinoamérica emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) al exigirles revelar identidades de sus beneficiarios y víctimas vulnerables en Venezuela.
«Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONG internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado ‘las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela’ y sus intenciones».
A continuación el comunicado completo:
Mientras se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la sociedad civil se vuelven cada vez más comunes. El 30 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia y el Terrorismo, en el que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro del país a entregar datos confidenciales sobre sus aportes y beneficiarios. Por ejemplo, debido a su definición amplia de “beneficiarios,” la medida establece un requisito alarmante que exige que se revele las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONG de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el estado.
Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONG internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela” y sus intenciones. Poco después, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezolanas (Sudeban) anunció el 20 de noviembre del 2020 que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones comerciales y financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro en el país. La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela.
También nos preocupan los reportes según los cuales la Asamblea Nacional que inició funciones en enero ha propuesto un proyecto de ley que podría restringir aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y los derechos de los defensores y las defensoras. El 15 de abril, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración propuso la adopción de una “Ley de Cooperación Internacional”, la cual ya fue aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión. Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONG en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto de ley similar de “Ley de Cooperación Internacional,” propuesto en 2015.
La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses. El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes bajo cargos sin fundamento de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los cargos en su contra aún no han sido retirados después de la liberación condicional de los defensores el 10 de febrero, lo cual impulsó a expertos independientes de las Naciones Unidas a pedir a las autoridades venezolanas que “cesen los continuos y crecientes ataques e intimidaciones contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el país.” Docenas de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela también han enfrentado la intimidación y amenazas en forma de acusaciones públicas y difamación, congelamientos de cuentas bancarias, órdenes de detención y allanamientos de las oficinas de ONGs por agentes de las fuerzas de seguridad. Entre enero y marzo del 2021, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Maduro. Este patrón fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. El 22 de febrero, la Alta Comisionada anunció que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición” desde septiembre de 2020. Asimismo, varias organizaciones recientemente alertaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas de criminalización contra defensores y defensoras y organizaciones de la sociedad civil y su agravamiento acelerado en el actual contexto.
Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela. También instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia. Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla.
