La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial n.º 7.065 Extraordinario del 7 de agosto de 2026, deja fuera a los contratos suscritos antes de su entrada en vigencia y podría vulnerar el principio de igualdad.
De acuerdo con el análisis de la organización, las relaciones de arrendamiento vigentes continuarán regidas por las normas anteriores, mientras que la nueva legislación solo será aplicable a los contratos acordados o formalizados después del 7 de agosto.
La advertencia ocurre en medio de la crisis habitacional agravada por el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de julio y que dejó a miles de personas sin vivienda. Para mediados de agosto, unas 24.000 personas permanecían en escuelas, estadios de béisbol y otras instalaciones habilitadas como «campamentos transitorios», mientras continuaban las evaluaciones de las edificaciones afectadas. Ante este escenario, el Gobierno también busca incorporar al mercado las viviendas que permanecen desocupadas, muchas de ellas debido al temor de sus propietarios de no poder recuperarlas una vez arrendadas.
El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, aseguró el pasado 11 de julio que existen «unas 200 mil viviendas en Venezuela que no están alquiladas», debido, según dijo, a que sus propietarios las mantienen resguardadas porque la legislación anterior es «retrógrada».
En ese momento, sostuvo que la nueva normativa ofrecería garantías tanto a propietarios como a inquilinos para impulsar el mercado de alquileres. Sin embargo, Acceso a la Justicia considera que la exclusión de los contratos previos plantea interrogantes sobre la igualdad ante la ley y mantiene dos regímenes jurídicos distintos para las relaciones arrendaticias.
Con información de Acceso a la Justicia
