A un mes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, la ONG Acceso a la Justicia alertó que el proceso de aplicación del instrumento legal ha sido “lento, confuso e incluso revictimizante”.
La organización destacó algunos casos positivos, como el de la abogada Nislee Peña, quien desde el extranjero logró la extinción de su causa mediante un poder otorgado a sus representantes legales, tal como permite el artículo 7 de la ley.
Este precedente, señala la ONG, demuestra que la norma puede aplicarse correctamente cuando los tribunales respetan el principio in dubio pro reo.
Sin embargo, denunció que en numerosos casos los defensores públicos asignados a los procesados no han solicitado el cierre de los expedientes, e incluso han desalentado a sus representados de acudir a organizaciones de derechos humanos.
Caos, retrasos y obstáculos en los tribunales
La ONG subrayó que la implementación comenzó “con mal pie”. En los primeros días, los tribunales de Caracas se negaron a recibir solicitudes alegando estar “sin despacho” o “en comisión”, obligando a los solicitantes a hacer largas filas sin obtener respuesta.
Aunque posteriormente se habilitó una taquilla especial, la situación sigue siendo crítica en el interior del país.
Miles de ciudadanos deben trasladarse a Caracas, con costos de hasta 120 dólares por persona, porque los casos de más de 2.000 detenidos tras las protestas de 2024 quedaron asignados a tribunales antiterroristas ubicados en la capital.
La organización también alertó sobre solicitudes indebidas de dinero para agilizar trámites, producto de la congestión judicial, la falta de insumos y las bajas remuneraciones del personal.
Exclusiones amplias y discrecionales
Acceso a la Justicia advirtió que la redacción de la ley abrió “márgenes de discrecionalidad” que han dejado fuera a numerosos casos.
Aunque el artículo 6 establece un amplio ámbito temporal, los artículos 8 y 9 introducen excepciones que han excluido a militares procesados por rebelión o conspiración, como el capitán Juan Carlos Caguaripano.
También fue excluida la exjueza María Lourdes Afiuni, debido al establecimiento de delitos de corrupción entre las excepciones. Asimismo, han sido excluidos periodistas como Nakary Ramos y su esposo y personas acusadas de promover “intervención extranjera”, categoría que el Gobierno ha aplicado de forma amplia.
La ONG concluye que, pese a las liberaciones anunciadas, la aplicación de la ley evidencia las debilidades estructurales del sistema de justicia venezolano, y advierte que, lejos de cerrar un capítulo, la forma en que se está aplicando la ley demuestra que la persecución política y la falta de independencia judicial siguen siendo problemas profundos y vigentes.
#BalanceLeyDeAmnistía Balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática a un mes de su vigencia #JusticiaVe https://t.co/UoDVOM9CK0
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) March 19, 2026
