Más de 100 organizaciones de la diáspora venezolana, con presencia en América Latina, Norteamérica y Europa, exigieron ampliar la red consular del país y abrir el Registro Electoral para garantizar el voto en el exterior, en un pronunciamiento conjunto ante el proceso de diálogo y reinstitucionalización que se abre en Venezuela.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones firmantes advirtieron que «no es posible consolidar la transición democrática ni reinstitucionalizar el país dejando por fuera a los millones de venezolanos que viven en el exterior», y sostuvieron que la atención de la diáspora «no es un asunto asistencial ni sectorial, sino parte constitutiva de la reinstitucionalización y reconciliación nacional».
Las organizaciones solicitaron que la participación política de la diáspora se incorpore desde la primera fase del cronograma, y no como «un ajuste tardío».
Red consular insuficiente
Según el documento, cerca de 7,8 millones de personas venezolanas viven fuera del país, de las cuales 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Casi 5 millones son mayores de edad, un universo equivalente a casi una cuarta parte del Registro Electoral nacional.
Las organizaciones señalaron que, en 2024, solo 106 sedes estuvieron habilitadas para votar en el exterior, frente a 118 en 2018, y que diversos países aún carecen de representación consular venezolana plenamente operativa, pese al restablecimiento de relaciones con Perú, Chile, Panamá, Uruguay, República Dominicana e Israel entre julio y agosto de este año, y con Estados Unidos desde marzo.
Exclusión histórica del registro electoral
Las organizaciones documentaron que, en la única jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral en el exterior, realizada entre el 18 de marzo y el 16 de abril de 2024, se atendió en todo el mundo a apenas 6.528 personas, el 0,16% de los venezolanos en edad de votar fuera del país. De unos 5 millones de adultos en el exterior, solo 69.211 quedaron habilitados para sufragar el 28 de julio de 2024, un 1,4%.
El documento atribuyó esta exclusión a tres causas principales: una normativa restrictiva interpretada de forma estricta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que redujo el requisito legal de «residencia o cualquier régimen que denote legalidad de permanencia» a la residencia legal permanente, excluyendo a quienes cuentan con estatus temporal; una práctica administrativa contraria a la propia ley, que mantuvo cerrado el Registro Electoral en el exterior entre 2018 y 2024 pese a que la ley lo declara continuo; y un círculo vicioso documental, ya que el registro exige cédula de identidad venezolana, un documento que no se expide fuera del país.
Las organizaciones precisaron que la exigencia de un pasaporte vigente, con un costo aproximado de 300 dólares, sumado a otros requisitos, representó un gasto de hasta 700 dólares para un migrante en países como Colombia, «convirtiendo el ejercicio del derecho al voto en un privilegio económico inaccesible». Señalaron además que la capacidad instalada fue insuficiente: en Lima, apenas 66 personas lograron actualizar sus datos durante todo el período, y calcularon que la exclusión de solicitantes de asilo equivale a negar el voto a todo el estado Bolívar, mientras la negativa a reconocer el permiso de protección temporal en Colombia privó de su derecho a una población similar a la del estado Carabobo.
Cinco ejes de propuestas
El pronunciamiento plantea medidas en cinco áreas: garantizar el derecho a la identidad y servicios consulares, mediante la expansión de la red consular, la apertura del Registro Consular en todos los países con relaciones diplomáticas, y la habilitación de la expedición de cédulas en sedes consulares; asegurar un Registro Electoral accesible y permanente, que admita la cédula vencida y cualquier documento migratorio del país de residencia como prueba de permanencia legal; garantizar una infraestructura electoral proporcional a la diáspora, con puntos de votación acordes a la población venezolana registrada por la Plataforma R4V de Acnur-OIM; ofrecer garantías para el ejercicio de derechos políticos y el retorno sin persecución política; y dejar constancia, en la etapa de reinstitucionalización, de la necesidad de revisar las normas que restringen la participación de la diáspora, incluida la posibilidad de una circunscripción del exterior con representación parlamentaria propia.
El pronunciamiento fue elaborado y promovido por Alianza por Venezuela, Venezuela Global, Panamerican and Caribbean Union for Human Rights (PACUHR), VeneActiva, Venezolanos en Barranquilla, la Asociación Civil Construyendo Venezuela y la Red de Venezolanos en Brasil (Redeven), y fue suscrito por más de 100 organizaciones de venezolanos con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Paraguay, Ecuador, Puerto Rico y República Dominicana.
