El director de Alianza por Venezuela, Charbel Najm, instó este miércoles a los gobiernos de Colombia, Brasil y México a reconocer con claridad las causas estructurales de la migración venezolana, forzada por la persecución política, el deterioro institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos, y a agilizar los procesos de asilo que en muchos casos llevan años sin resolución, dejando a las personas en situación de alta vulnerabilidad jurídica.
Najm intervino durante el panel «De la recepción a la inclusión: avanzando en las políticas de integración en Brasil, México y Colombia», celebrado en el marco del Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (IMRF) 2026 en Nueva York, donde estuvieron presentes la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; la secretaria de Justicia de Brasil, María Rosa Loula; y la directora de Movilidad Humana de México, Fátima Ríos.
«Hablar de migración forzada implica reconocer que en numerosos casos las personas no migran por elección, sino como consecuencia de contextos de persecución, violencia política, deterioro institucional y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El caso venezolano representa uno de los ejemplos más evidentes de esta realidad. Ignorar estas causas limita la posibilidad de construir propuestas que permitan dar respuestas sostenibles e integrales», afirmó Najm, quien habló también en representación de la Unión Panamericana y Caribeña de Derechos Humanos (PACUHR, por sus siglas en inglés), red que agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe.
El director de Alianza por Venezuela también expuso un caso concreto que ilustra los riesgos de la demora institucional en materia de asilo: los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, ambos perseguidos políticos por el régimen chavista que fueron víctimas de 14 disparos en un atentado en Bogotá, en un contexto de persecución política transnacional.
Najm denunció que las autoridades colombianas aún no han dado una respuesta sobre ese caso, que permanece impune luego de seis meses, y que uno de los afectados llevaba un año esperando una resolución a su solicitud de asilo político. «Estos casos reflejan la urgencia de contar con sistemas de protección más ágiles, eficaces y sensibles frente a la situación de riesgo real que sufren los migrantes. La demora institucional también genera desprotección. La protección internacional no puede convertirse en un proceso interminable para quienes enfrentamos amenazas concretas», advirtió.
Najm reconoció los esfuerzos de los tres países en materia de recepción e integración de migrantes venezolanos, pero fue claro sobre lo que falta: «Consideramos fundamental fortalecer los mecanismos de protección internacional y garantizar respuestas oportunas para quienes requieren estatus de refugio y asilo. Hemos observado con preocupación que en distintos países de la región, numerosos casos de asilo permanecen durante años sin resolución».
El director de Alianza por Venezuela cerró su intervención con un llamado de fondo: «Hoy más que nunca, la región necesita construir una política migratoria basada no solo en atención humanitaria, sino también en la defensa consistente de los derechos humanos, la democracia y la protección efectiva de quienes han sido forzados a huir».
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