El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, hizo este lunes 11 de mayo un llamado urgente a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, para que visite el campamento de familiares de presos políticos que pernoctan a las afueras del Internado Judicial Capital Rodeo I.
Desde el pasado 8 de enero, un grupo de familiares, en su mayoría mujeres, duermen en carpas y colchones a la intemperie en Guatire, estado Miranda. Tras más de 120 días de vigilia, estos ciudadanos, provenientes de estados como Amazonas, Zulia, Lara y Táchira, se han convertido en una red de apoyo mutuo con el único fin de visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y exigir la libertad de sus familiares, detenidos por motivos políticos.
Prado enfatizó que la labor de la Defensoría debe trasladarse al lugar donde la gente sufre. «No solo las oficinas con aire acondicionado son el lugar para recibir a los familiares… la defensora debe dirigirse hasta las adyacencias del Rodeo y no solo escuchar las peticiones de los familiares viéndolos a los ojos, sino también viendo cómo duermen, cómo hacen sus necesidades y cómo se alimentan allí», sentenció el director del OVP.
El campamento es el refugio de personas como Ruth Molero, quien lucha por la libertad de cinco familiares, entre ellos su hijo y su sobrina Samantha Hernández, una adolescente de solo 16 años. Los familiares denuncian condiciones precarias: deben orinar entre la maleza durante la noche, dependen de vecinos para asearse y lavan su ropa solo cuando llega el agua a la zona.
El OVP ha documentado en estos cuatro meses graves denuncias de torturas y tratos crueles dentro del penal, específicamente en el cuarto piso, en celdas de aislamiento conocidas como «el tigrito» o la «máquina del tiempo». Prado recordó que El Rodeo I está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde 2008, mandato que el Estado venezolano ha ignorado de manera reiterada.
Además de las torturas, se denuncia que a los presos políticos se les niega el acceso a abogados de confianza y se les mantiene en espacios reducidos con camas de cemento, rodeados de insectos y con acceso limitado a agua potable.
El Observatorio denunció que el régimen de Delcy Rodríguez se ha burlado de estos familiares con promesas de una supuesta Ley de Amnistía que nunca llega. Ante la gravedad de los testimonios, el OVP exigió una investigación inmediata e imparcial sobre el director del penal y los funcionarios del servicio penitenciario.
Asimismo, la organización solicitó la destitución del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, responsabilizándolo por las atrocidades registradas dentro del recinto. «Nos solidarizamos con los familiares que cumplieron cuatro meses en pernocta… luchando por la libertad plena de sus seres queridos y alzando la voz contra el régimen», concluyó el OVP.
