El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el Ministerio para el Servicio Penitenciario incumplió los compromisos asumidos con los familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de los recientes traslados ejecutados tras la protesta registrada dentro del recinto.
De acuerdo con la organización, a los allegados de los reclusos se les aseguró que cualquier reubicación sería voluntaria y que incluso los internos podrían escoger el centro penitenciario al cual serían enviados. Sin embargo, familiares afirman que las movilizaciones se realizaron de manera obligatoria y sin información oficial sobre los destinos.
Hasta ahora, más de 15 grupos de internos han sido enviados a cárceles ubicadas en estados como Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia. Según OVP, varios de esos recintos ya presentan graves problemas de hacinamiento, situación que podría agravarse con la llegada de nuevos reclusos.
La organización también señaló que continúa la incertidumbre sobre las mujeres privadas de libertad recluidas en el anexo femenino del penal. Aunque autoridades penitenciarias habían anunciado el desalojo total del área, las internas permanecían aún en el recinto hasta la mañana de este martes. Sus familiares fueron informados extraoficialmente de posibles traslados hacia cárceles de Miranda y Táchira.
Los hechos ocurrieron luego de una protesta iniciada por los presos tras una requisa que calificaron de violenta. Según las denuncias, durante el operativo se registraron agresiones físicas, destrucción de pertenencias y actos de tortura.
Pese a la gravedad de la situación, los familiares cuestionaron que el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, no haya ofrecido declaraciones públicas ni atendido directamente a quienes exigían respuestas a las afueras del penal.
OVP indicó que quien finalmente sostuvo encuentros con un pequeño grupo de familiares fue el general de división Giuseppe Cacioppo, director de Seguridad Ciudadana de Barinas, quien transmitió las promesas sobre los supuestos traslados voluntarios.
Entretanto, familiares denunciaron que no existe un listado oficial que detalle cuántos internos fueron movilizados ni el lugar exacto donde permanecen recluidos. Ante la falta de información, varios allegados han tenido que trasladarse a distintos estados del país para intentar localizar a sus seres queridos.
La organización también alertó sobre las condiciones de reclusión dentro del Injuba, donde —asegó— persistían problemas severos de alimentación, acceso al agua potable y atención médica. Según el balance presentado, el recinto tenía capacidad para 450 personas, aunque albergaba a más de 1.300 reclusos, lo que representaba un hacinamiento superior al 290%.
OVP recordó además que en semanas recientes se denunciaron agresiones contra un grupo de internos aislados en un área conocida como “el tigrito”, así como restricciones en las visitas y en el ingreso de alimentos llevados por familiares.
Durante la protesta del pasado 24 de mayo, varios internos difundieron videos desde los techos del penal denunciando abusos y exigiendo la destitución del entonces director Elvis Macuare Guerrero. Según las acusaciones, la respuesta de las autoridades incluyó disparos con perdigones y el lanzamiento de bombas lacrimógenas hacia el anexo femenino.
Finalmente, la organización reiteró su exigencia de investigar lo ocurrido dentro del penal y pidió la destitución del ministro Julio García Zerpa por considerar que ha incumplido sus responsabilidades frente a la crisis penitenciaria.
