El Partido Comunista de Venezuela (PCV) advirtió que la anunciada reestructuración de la deuda externa venezolana amenaza con convertirse en «un nuevo mecanismo de sometimiento del país a los intereses del capital financiero internacional», y exigió una auditoría pública y ciudadana de la deuda.
En un comunicado, el partido sostuvo que, tras años de crisis económica y saqueo de los recursos nacionales, Venezuela enfrenta una nueva ofensiva del capital transnacional para garantizar el cobro de obligaciones cuyo monto, origen y legitimidad «no han sido establecidos de manera transparente ante el pueblo venezolano». El PCV precisó que no existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país, con estimaciones que oscilan entre 95.000 millones y cerca de 240.000 millones de dólares, una disparidad que, según el partido, «revela la opacidad con la que se ha manejado el tema».
El PCV sostuvo que la combinación de bonos y laudos arbitrales constituye «una verdadera camisa de fuerza» que amenaza con comprometer durante décadas recursos fundamentales de la nación, y rechazó que la reestructuración sea presentada como un simple problema técnico o financiero. Según el partido, hay una disputa concreta por los recursos venezolanos, en la que fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos, corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios, y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional.
El partido afirmó además que la administración de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, a la que calificó de «ilegal e ilegítima», no está facultada para llevar a cabo ningún proceso de reestructuración de la deuda ni ninguna negociación que comprometa el patrimonio de la República. «El pueblo venezolano no puede volver a ser sacrificado para garantizar las ganancias de quienes hicieron negocios con la deuda y la crisis del país», sostuvo el PCV, que llamó a destinar prioritariamente los recursos nacionales a atender la emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.
El PCV planteó la necesidad de suspender el pago de las obligaciones cuya legitimidad no haya sido establecida, y abrir de inmediato una auditoría pública, independiente y ciudadana de la deuda externa. «La deuda no puede ser utilizada como un mecanismo para imponer nuevas políticas de ajuste, privatizaciones y sacrificios sobre la clase trabajadora. El principio debe ser claro: los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano están por encima de los intereses de los acreedores», afirmó el partido, que rechazó que las generaciones presentes y futuras sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas.
«Venezuela necesita transparencia, soberanía y control popular sobre sus recursos. El pueblo venezolano no debe pagar las deudas de quienes lo saquearon», concluyó el Buró Político del Comité Central del PCV.
