El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las condiciones inhumanas en las que permanecen aproximadamente 120 personas privadas de libertad en los calabozos de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicados en la parroquia San Agustín, en Caracas.
Según familiares de los detenidos, quienes conversaron con la organización, los presos solo pueden bañarse una vez a la semana, lo que generó preocupación ante la posibilidad de un brote de escabiosis, dada la falta de aseo y el riesgo de enfermedades en la piel.
Los presos están distribuidos en cinco calabozos: uno destinado exclusivamente a funcionarios policiales detenidos, con al menos 30 hombres, y los otros 90 distribuidos en cuatro celdas que, según la información recabada por el OVP, no tendrían capacidad para albergar a más de diez personas cada una.
Uno de los familiares relató a la organización que las celdas no tienen acceso a un baño, que los detenidos realizan sus necesidades en un hueco dentro del mismo espacio donde duermen, y que la falta de higiene, sumada a los olores, está enfermando a los reclusos. El familiar explicó además que semanalmente les solicitan a los parientes desinfectante o dinero para comprar insumos de limpieza.
El OVP precisó que los privados de libertad tampoco tienen acceso al sol ni son sacados de sus celdas, salvo los días de visita, que pueden realizarse hasta tres veces por semana, aunque cada visita tiene un costo de al menos dos dólares; de no contar con ese monto, los familiares no pueden ingresar, por lo que muchos acuden apenas una vez a la semana, y el contacto con el detenido se limita a media hora. Una de las madres entrevistadas relató que, ante la falta de alimentos de algunos reclusos cuyos familiares no pueden llevarles comida, los propios detenidos deben compartir entre ellos.
Calabozos convertidos en «cárceles paralelas»
El OVP ha documentado reiteradamente cómo los calabozos policiales se han convertido en cárceles paralelas, en contravención de la ley venezolana, que establece que las personas detenidas no pueden permanecer más de 48 horas en centros de detención preventiva. La organización advirtió que esta permanencia prolongada impide a los detenidos acceder a redenciones de pena mediante trabajo o estudio, participar en actividades culturales o deportivas, o tener acceso a visitas conyugales.
La situación, según el OVP, también representa un problema para los propios funcionarios policiales, quienes no cuentan con formación para el resguardo de personas privadas de libertad, ni con presupuesto destinado a su alimentación, mantenimiento de instalaciones o traslados a tribunales, lo que además reduce su capacidad operativa en las calles.
El OVP calificó esta situación como una violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos, y exigió poner fin al uso de los calabozos policiales como cárceles permanentes, garantizando el traslado de las personas privadas de libertad a centros adecuados, con condiciones dignas de reclusión.
