El partido político Primero Justicia alertó este miércoles que el acelerado envejecimiento de la población venezolana ocurre en un contexto marcado por la precariedad económica, el deterioro de los servicios públicos y la insuficiencia de las políticas de protección social dirigidas a los adultos mayores.
A través de una declaración difundida por su vicepresidente nacional de Organización, Edinson Ferrer, la organización señaló que más de cinco millones de pensionados y jubilados enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad, sin que existan respuestas efectivas a sus demandas de bienestar, atención médica y seguridad social.
Ferrer cuestionó que la pensión básica continúe ubicada en 130 bolívares mensuales, una cifra que, según afirmó, ni siquiera alcanza para cubrir el costo del pasaje urbano mínimo, fijado en 140 bolívares desde el pasado 1 de junio. Además, denunció el incumplimiento de la exoneración del pago del transporte para las personas de la tercera edad contemplada en la Ley Integral del Adulto Mayor.
El dirigente citó datos de la ONG Convite y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que reflejan un acelerado proceso de envejecimiento demográfico en el país. Actualmente, indicó, existen 51 personas mayores por cada 100 menores de 15 años y este grupo representa entre el 10% y el 14% de la población total, fenómeno impulsado por la disminución de la natalidad y la migración masiva de venezolanos en edad productiva.
Asimismo, sostuvo que la diferencia entre los ingresos que perciben los adultos mayores y el costo de vida supera el 90%. Según explicó, mientras la canasta alimentaria para una persona de la tercera edad ronda los 600 dólares mensuales, las pensiones y bonificaciones apenas alcanzan un promedio cercano a los 70 dólares.
“Esta terrible situación ha forzado a miles de nuestros abuelos a incorporarse al comercio informal en jornadas extenuantes; otros a depender exclusivamente del apoyo familiar; y muchos más a vivir de programas de asistencia vecinal o eclesiástica”, expresó Ferrer.
La organización también destacó otros factores que agravan la situación de este sector. Entre ellos mencionó que cerca de 400.000 adultos mayores viven solos debido a la migración de familiares, mientras que una cuarta parte asume responsabilidades de cuidado de nietos o familiares con discapacidad, una carga que afecta su bienestar físico y emocional.
A ello se suman las dificultades para acceder a tratamientos destinados a enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, cuyos costos resultan inaccesibles para gran parte de la población jubilada. Primero Justicia agregó que los problemas de abastecimiento de agua potable y las interrupciones eléctricas también impactan negativamente la calidad de vida de este grupo.
Frente a este panorama, Ferrer propuso la implementación de un plan de emergencia orientado a garantizar alimentación, medicamentos y atención médica prioritaria para las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de abandono o presentan alguna discapacidad.
El dirigente también planteó reformas para eliminar la discriminación por edad en el mercado laboral y facilitar la reincorporación de profesionales y técnicos retirados que aún se encuentran en condiciones de trabajar. A su juicio, esta medida permitiría aprovechar experiencia y conocimiento en áreas afectadas por la escasez de personal calificado.
Finalmente, ratificó el respaldo de Primero Justicia a las exigencias formuladas por organizaciones de jubilados y pensionados, entre ellas la indexación de los ingresos al costo de la canasta básica, la recuperación del sistema público de salud, el cumplimiento de beneficios establecidos en la legislación vigente y la eliminación de mecanismos administrativos como la fe de vida.
