En horas de la noche de este sábado se conoció que la activista, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se encuentra detenida por orden del régimen de Maduro.
La información fue confirmada por la ONG Provea: «Confirmada la detención de la activista y defensora de DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos».
«Rocio San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas«, agregó la organización a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.
La defensora de derechos humanos fue detenida el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país y estaría siendo investigada por las denuncias de presunta «conspiración», realizadas por Nicolás Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional chavista.
Confirmada la detención de la activista y defensora de #DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos
— PROVEA (@_Provea) February 11, 2024
Cabe destacar que «el 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, en Venezuela. En la solicitud de medidas cautelares se alega que Rocío San Miguel habría venido siendo objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Alega además que las autoridades no habrían realizado investigaciones sobre la procedencia de tales amenazas y actos de hostigamiento, y que no habrían adoptado medidas destinadas a garantizar su vida, integridad y seguridad. La CIDH solicitó al Gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Rocío San Miguel y de su hija menor de edad; que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y su representante: y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares».
