La organización Provea advirtió que la situación en Venezuela pareciera estar derivando en una «atípica tecnocracia autoritaria», en la que las autoridades del régimen interino de Delcy Rodríguez, tuteladas por la administración del presidente Donald Trump, se empeñan en satisfacer los intereses de capitales transnacionales mientras continúan desconociendo los derechos ciudadanos.
La organización alertó que la suscripción de acuerdos opacos e inconstitucionales por parte de la administración Trump y empresas estadounidenses con las autoridades venezolanas, los hará «corresponsables de las violaciones de derechos humanos que ocurran en adelante».
«Las empresas y los gobiernos extranjeros deben abstenerse de infringir los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación», señaló Provea.
Provea recordó que, mientras se avanza con acuerdos en materia energética, trabajadores activos y jubilados siguen reclamando en las calles salarios y pensiones dignas, congeladas desde 2022, y denunció que el salario y las prestaciones sociales «han desaparecido del lenguaje oficial» pese a las promesas de crecimiento económico. La organización señaló además que los escasos y ya precarios programas sociales del régimen están desapareciendo lentamente de la narrativa oficial.
La ONG cuestionó, además, que cientos de personas continúen privadas de libertad por razones políticas, pese a los anuncios de reconciliación de altos funcionarios del Estado, y advirtió que el entramado jurídico que propició la criminalización de miles de venezolanos sigue intacto, mientras el sistema de administración de justicia continúa operando como instrumento de persecución política y social.
Reformas legales sin consulta indígena
Provea también criticó que las reformas de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas se aprobaron desconociendo los derechos a la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas, y que los nuevos desarrollos extractivos se realizan sin los debidos estudios de impacto ambiental. Según la organización, esto agrava los conflictos socioambientales y el impacto de la emergencia climática en el país, afectando principalmente a los pueblos indígenas del sur, los principales reservorios de agua y todo el bioma de la Orinoquia y la Amazonía venezolanas.
La ONG denunció además que estos territorios, disputados por gobernanzas criminales, son escenario de violencia, desplazamientos forzosos, asesinatos y otros abusos cometidos por grupos irregulares como las disidencias de las FARC y el ELN, que actúan impunemente desde hace años, muchas veces con complicidad de agentes estatales.
Servicios públicos sin mejoras
En materia de servicios públicos, Provea afirmó que los anuncios hechos por la administración de Delcy Rodríguez no se han traducido en mejoras de la calidad de vida de la población. La organización señaló que miles de venezolanos continúan padeciendo constantes cortes de electricidad y agua, con interrupciones eléctricas de hasta seis horas diarias en Aragua, Carabobo y Zulia, mientras en Sucre los habitantes de Cumaná siguen sufriendo escasez de agua tras el colapso del embalse Turimiquire, desde hace cinco meses.
Provea insistió en que la solución a la crisis del país solo será posible si se adoptan las medidas necesarias para superar la emergencia económica, manteniendo como centro las conquistas sociales, la preservación del medio ambiente, la democracia y la justicia social y ambiental.
«Ningún proceso de liberalización económica, sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia, puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos», concluyó la organización.
Lamentamos que, tal como advertimos en nuestro Informe Anual, la situación en Venezuela pareciera estar derivando en una atípica tecnocracia autoritaria, en la que las autoridades interinas -tuteladas por la administración Trump-, se empeñan en satisfacer los intereses de los… pic.twitter.com/KtvoJ02ibh
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Provea señala que si la Administración Trump y empresas estadounidenses deciden suscribir acuerdos opacos e inconstitucionales con las autoridades venezolanas, se harán corresponsables de las violaciones de Derechos Humanos que ocurran en adelante.
Las empresas y los gobiernos… pic.twitter.com/OBXyStmavZ
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