El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y Provea documentaron que este 27 de febrero se cumplen ocho años de las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel.
La desaparición forzada es uno de los 11 tipos de crímenes de lesa humanidad que establece el Estatuto de Roma en su artículo 7. En Venezuela, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 211 víctimas de desaparición forzada entre los años 2000 y 2021. Tres de esas víctimas son Alcedo Mora Márquez, Eliécer Vergel Prado y Jesús Esneider Vergel Prado, desaparecidos entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2015.
Las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel podrían formar parte de los posibles crímenes de lesa humanidad que investigaba el Fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, antes de que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro solicitara a esta instancia suspender la investigación. La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), a través de su programa The Docket, brinda apoyo investigativo a la Fiscalía de la CPI con la recopilación de testimonios de víctimas y familiares, entre ellos el del hijo mayor de Alcedo Mora, grabado para la serie de podcast Voces del Desamparo.
Funcionarios del Sebin son los principales sospechosos
Alcedo Mora Márquez desapareció luego de que saliera de su casa en Mérida la mañana del 27 de febrero de 2015. Según dijo a sus familiares, iba a reunirse con su jefe inmediato, el Secretario de la Gobernación de Mérida, Luis Martínez. Alcedo Mora Carrero, hijo mayor de la víctima, aseguró en el referido podcast que su padre le había entregado días antes a Martínez pruebas que comprometían a funcionarios de PDVSA en el contrabando de combustible que salía hacia Colombia desde la planta de llenado de El Vigía, municipio Alberto Adriani. “Eso le pasó a su papá por estar hablando tanta pistolada”, le llegó a decir Martínez al hijo de Alcedo Mora cuando este lo enfrentó días después de la desaparición de su padre.
Los días 1º y 2 de marzo siguientes también desaparecieron los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, de nacionalidad colombiana, quienes vivían en Venezuela como desplazados y trabajaban eventualmente con Alcedo Mora. Sus desapariciones ocurrieron en el terminal de pasajeros de Mérida y en una finca ubicada en el estado Barinas, respectivamente. “Yo acudí a la Fiscalía en Barinas. Yo estuve en el CICPC, en el Sebin, y no me atendieron en ninguna de esas. Entonces puse la denuncia en la Fiscalía en Barinas el 3 de marzo de 2015”, contó Dany Vergel, hermana de las víctimas, en el podcast periodístico.
Las investigaciones independientes que hicieron sobre el caso los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y de Provea apuntan a que las desapariciones forzadas de esos tres hombres fueron perpetradas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), una de las ocho fuerzas de seguridad del Estado que la CPI menciona en su informe de 2020 sobre la investigación preliminar hecha en Venezuela como presuntos responsables por la comisión material de posibles crímenes de lesa humanidad.
“En el caso de Alcedo Mora, él ya había sido amenazado por el Sebin. Él había hecho la denuncia, incluso, ante amigos, a través de mensajes de texto, de que el Sebin lo estaba investigando. Entonces, se presume que quien lo detuvo fue un funcionario del Sebin. No solamente a él, sino también a los hermanos Vergel”, dijo en el podcast Marino Alvarado, abogado y coordinador de Exigibilidad de Provea.
Justicia venezolana no actúa ni investiga
El equipo legal del ODH-ULA asistió a los hijos de Alcedo Mora días después de su desaparición. El 13 de mayo de 2015 abogados de este observatorio introdujeron un hábeas corpus ante el Tribunal de Control número 6 del estado Mérida, con el objetivo de poner fin a la detención ilegítima de la víctima. Sin embargo, el entonces juez de control, Hugo Rael Mendoza, declaró inadmisible el recurso de amparo, pese a que está establecido en el artículo 27 de la Constitución nacional y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Las autoridades venezolanas dejaron de referirse públicamente a las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel en mayo de 2018, cuando el Fiscal General designado por el régimen ilegítimo de Maduro, Tarek William Saab, dijo en una entrevista periodística que el caso de Alcedo Mora seguía en investigaciones, sin dar mayores detalles. La falta de investigación en estos casos constituye una evidencia clara de la impunidad del Estado venezolano y por tanto una razón más para que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI apruebe la solicitud del Fiscal Karim Khan de reanudar la investigación en Venezuela.
Prensa
