Miembros de la sociedad civil participaron este lunes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde exigieron renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui, destacó que la Misión «es un importante mecanismo de disuación y de contención del abuso de poder en Venezuela».
«Si no tuviéramos el trabajo de la Misión, hoy serían muchísimo más graves las violaciones a los DDHH y deberíamos contabilizar mucho más víctimas a la dignidad humana», advirtió.
Uzcátegui explicó que la Misión de la ONU «se ha convertido en el más importante mecanismo de verdad para saber lo que ocurrió en nuestro país en los últimos años y especialmente para establecer responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de la cadena de mando de las graves violaciones a los DDHH ocurridas en nuestro país».
Por su parte, la investigadora de Alerta Venezuela, Ligia Bolívar, refirió que «para que la Misión pueda cumplir adecuadamente sus funciones, es necesario que este Consejo transmita un mensaje claro a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para asegurar el debido respaldo financiero y administrativo para su funcionamiento».
Resaltó que «la falta de apoyo, que se refleja en alta rotación de personal y en carencias financieras del mandato que ahora termina, es inadmisible y deben ser corregida».
Entre tanto, la ONG Espacio Público destacó el sistema de justicia venezolano «es débil» y no hay avances sustanciales frente a las graves violaciones a los derechos humanos.
«La obtención de justicia real depende de la vigencia de los mecanismos complementarios. La importancia de la Misión radica en que su registro permite establecer responsabilidades individuales en la presunta violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad», sostuvo la ONG.
