Organizaciones no gubernamentales y activistas de la sociedad civil de Colombia y Venezuela emitieron un comunicado conjunto instando a los gobiernos de ambos países a desarrollar de manera urgente «una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad» en la frontera.
«Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad», señalaron.
Los miembros de la sociedad civil destacaron que la crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales ha generado «un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido».
Ante el reciente desbloqueo de los puentes, los firmantes enfatizaron que «Venezuela y Colombia no pueden
continuar en la actual dinámica destructiva».
Para ello presentaron las siguientes propuestas:
• Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada.
• Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera.
• Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos.
• Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro.
• Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera.
• Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos.
• Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto.
• Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países.
