Este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, presentó su renuncia a la Asamblea Nacional chavista, tras casi nueve años en el el cargo que asumió el 5 de agosto de 2017 por orden de la Asamblea Nacional Constituyente del momento, en sustitución de Luisa Ortega Díaz.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, también presentó su renuncia. Fue designado en el cargo el 1 de agosto de 2017.
La Asamblea Nacional chavista recibió este 25 de febrero la carta de renuncia de Saab. La directiva del parlamento presentó el documento oficial durante el desarrollo de la sesión ordinaria del cuerpo legislativo.
Al respecto, el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, explicó que la AN chavista designará a «un encargado para asumir la dirección de la institución de forma temporal debido a la ausencia de un vicefiscal que lo supla en el cargo».
En octubre de 2024, la Asamblea Nacional chavista, también dominada por el oficialismo, ratificó a Saab para un nuevo período como fiscal general, extendiendo su mandato hasta al menos 2031.
A lo largo de su gestión, Saab presentaba balances institucionales del Ministerio Público (MP) destacando atención a millones de ciudadanos; por ejemplo, en enero de 2026 afirmó que el MP había atendido a más de 4,5 millones de personas desde 2017.
Otro balance gubernamental previo reportó que programas de justicia comunitaria atendieron a más de 1,2 millones de personas desde agosto de 2017 hasta mediados de 2024.
Saab fue la cara institucional de la Fiscalía General en anuncios de excarcelaciones de presos políticos, por ejemplo señalando en enero de 2026 que más de 400 medidas de excarcelación se habían gestionado desde finales de diciembre de 2025.
También ordenó las revisiones de casos de detenidos tras las protestas de julio de 2024, anunciando, por ejemplo, la revisión de 225 expedientes de presos políticos vinculados a esos hechos.
En temas de seguridad y política internacional, Saab emitió declaraciones sobre casos de violencia y protestas internas, defendiendo la posición oficial del Estado, así como juicios políticos a figuras externas —por ejemplo, en 2025 arremetió contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, en un contexto diplomático crítico.
Su continuidad como fiscal general fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, que han señalado falta de independencia del Ministerio Público venezolana ante el Ejecutivo, y su rol en la persecución de opositores políticos.
Desde su nombramiento en 2017, Saab también enfrentó sanciones internacionales, incluyendo por parte de Estados Unidos, como parte de medidas contra funcionarios chavistas en respuesta a la represión de protestas y cuestionamientos democráticos.
