Los terremotos del 24 de junio golpearon a un país que ya enfrentaba una de las peores crisis habitacionales de su historia. Según el informe de PROVEA sobre el derecho a la vivienda, Venezuela arrastraba un déficit de 2,2 millones de viviendas antes del doblete sísmico, consecuencia de años de promesas incumplidas, opacidad en la gestión y un sector construcción prácticamente paralizado.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal. El régimen chavista prometió construir 400.000 viviendas en 2025, una meta que habría requerido terminar 45 unidades por hora. El seguimiento independiente de PROVEA detectó la entrega de apenas 1.415 viviendas nuevas en todo el año. La Gran Misión Vivienda Venezuela reportó en enero de 2026 las mismas 5.258.000 viviendas entregadas desde 2011 que había anunciado ocho meses antes, una cifra que la organización califica de «inauditable». Expertos señalan que las cifras históricas implican haber construido «casi una vivienda por minuto», algo que califican de «humanamente imposible».
El colapso del sector es también estructural: el presupuesto del Ministerio de Vivienda cayó de un ya escaso 0,41% del gasto público en 2023 a un ínfimo 0,27% en 2024, mientras que la construcción privada, paralizada por marcos legales restrictivos y la crisis económica, apenas produce entre 500 y 1.000 unidades anuales desde 2016. Las viviendas existentes tampoco cumplen estándares mínimos: 62,3% enfrenta restricciones de agua potable, 77,6% sufre crisis de gas y 86,1% reporta fallas eléctricas moderadas a severas. Además, 53,8% de los hogares requiere rehabilitación física prioritaria.
PROVEA también denuncia que la Gran Misión Vivienda ha funcionado como herramienta de control social y político: la mayoría de los beneficiarios habitan bajo tenencia precaria, sin títulos definitivos, lo que se convierte en un mecanismo de presión. Se documentaron desalojos arbitrarios por razones políticas, como ocurrió en Ciudad Tiuna.
Según la NASA, imágenes satelitales sugieren que los sismos podrían haber dañado o destruido cerca de 58.870 edificios en toda la región afectada, una cifra muy superior a los 856 edificios afectados y 190 colapsados reportados oficialmente por el régimen.
El gobierno prometió 400.000 viviendas para 2025, pero solo entregaron 1415.
En nuestro #InformeProvea2025 documentamos un déficit de 2,2 millones de viviendas, familias bajo tenencia precaria y un programa habitacional usado como control social.
Las promesas no construyen… pic.twitter.com/bys2zIiESj
— PROVEA (@_Provea) July 7, 2026
