Transparencia Venezuela publicó el informe «El proceso de reestructuración de la deuda pública venezolana: la transparencia es la prioridad», en el que advierte que la reestructuración anunciada por el régimen debe empezar por una auditoría que determine cuánto debe el país y qué obligaciones fueron contraídas de forma legítima.
La ONG afirma que Venezuela necesita renegociar su deuda para recuperar la confianza, atraer inversión, acceder al sistema financiero internacional y contar con capital para enfrentar las crisis eléctrica, de salud y educación.
El 13 de mayo, el vicepresidente sectorial de Economía del régimen, Calixto Ortega, anunció el inicio de la reestructuración. Ese mismo día, la firma Centerview Partners informó su contratación como asesora financiera.
El informe recuerda que la OFAC publicó el 5 de mayo la Licencia General 58, que autoriza a contratar servicios profesionales para reestructurar la deuda, pero no autoriza negociaciones directas con acreedores.
Según Transparencia Venezuela, Centerview ofreció presentar el estudio de sostenibilidad de la deuda en junio, y a noviembre no se conoce. Ortega indicó después de los terremotos del 24 de junio que el estudio se ajustaba para incorporar sus efectos.
La organización plantea que el proceso se guíe por nueve principios. Son auditar la deuda; determinar responsabilidades por irregularidades; garantizar la sostenibilidad, con un análisis que no quede solo en manos de asesores privados y que incluya a la academia y a las ONG; dar seguridad jurídica; apuntar a la recuperación económica; respetar la equidad intergeneracional, para que los pagos no hipotequen los ingresos futuros; asegurar la independencia del control fiscal; contar con el apoyo del FMI, y prevenir la legitimación de capitales si hay un canje de bonos.
Cuánto debe Venezuela
Transparencia Venezuela estima que la deuda se ubica en más de US$ 170.000 millones. Sin embargo, un reporte del Financial Times informó que Centerview estimaba la deuda en US$ 240.000 millones.
En octubre de 2025, la ONG calculó la deuda en US$ 164.432 millones, unos US$ 5.788,75 por habitante. La deuda en bonos internacionales, entre capital e intereses vencidos, sumaba US$ 95.300 millones: US$ 52.567 millones de la República, US$ 41.669 millones de Pdvsa y US$ 1.064 millones de Elecar.
La ONG afirma que no hay información pública sobre ningún proceso de conciliación de la deuda. Sostiene que no puede hacerse un análisis de sostenibilidad sin antes auditar el monto y que esa auditoría debe hacerse por procedimientos de control fiscal, con coordinación de la Oficina Nacional de Crédito Público.
Transparencia Venezuela pide una auditoría especial de las condiciones en que se emitieron ciertos bonos. Cita la emisión privada de US$ 5.000 millones de la República en 2016, adquirida por el Banco de Venezuela en bolívares a la tasa oficial. Según la ONG, la OFAC considera que ese bono no es un título legítimo, porque el tenedor es el propio Gobierno.
También menciona el bono Pdvsa 2026, de US$ 4.500 millones, con 66,6 % destinado a proveedores y contratistas, y el Pdvsa 2024, de US$ 5.000 millones, colocado a la banca pública. Sobre el Pdvsa 2022, conocido como «bono del hambre», recuerda que The New York Times reportó que Goldman Sachs lo compró al BCV con un descuento del 70 %, por US$ 840 millones.
El informe advierte que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público exceptúa ciertas reestructuraciones de la autorización previa de la Asamblea Nacional. Sostiene que esas operaciones siguen sujetas al control de la Contraloría General de la República, y que, dada su falta de independencia, una renegociación requiere una Asamblea Nacional con legitimidad que designe un contralor independiente.
