Vente Venezuela exigió este jueves el levantamiento «de inmediato» de la inhabilitación política de su líder, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, luego de la denuncia pública de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara César Siero, quien reveló haber sido coaccionada para firmar las sentencias que inhabilitaron a Machado y a otros dirigentes opositores.
Según Vente, el testimonio de César Siero, difundido el 6 de octubre, «confirma las razones de nuestro reclamo» y revela «hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo»: detener y castigar a familiares para someter la voluntad de una persona, en este caso una magistrada.
El partido sostuvo que la inhabilitación de Machado, «ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta», se ratificó mediante una decisión que, según la exmagistrada, solo se obtuvo porque se usó a sus familiares como rehenes, lo que, afirmó, confirma «graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación».
«Fraude electoral anticipado»
Vente recordó que, en 2015, la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación de un año, por una supuesta omisión administrativa relacionada con unos tickets de alimentación, que le impidió competir en las parlamentarias de ese año. En 2023, tras ganar las primarias opositoras, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años, «sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso» y que nunca fue notificada formalmente. La sanción fue ratificada en enero de 2024 por la Sala Político-Administrativa del TSJ, de la que formaba parte César Siero, precisamente cuando debía decidir si Machado podía competir por la Presidencia.
El partido calificó las inhabilitaciones como «una forma de fraude electoral anticipado»: «no era necesario falsificar el resultado de una elección si antes podían eliminar de la papeleta el nombre de la candidata que podía ganarla».
Incumplimiento del Acuerdo de Barbados
Vente señaló que todo ello ocurrió después del Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Democrática de Venezuela, cuyo objetivo era «fijar reglas claras para las elecciones presidenciales de 2024» a cambio de alivio de sanciones de EE.UU. Para el partido, constituye «un grave precedente de incumplimiento de pactos» por parte del chavismo, hoy con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y «una clara advertencia a garantes y mediadores».
Vente reiteró que Machado «debe regresar a Venezuela con plenas garantías de libertad y seguridad», y que el país necesita desmontar las estructuras que han permitido usar tribunales, organismos de inteligencia e instituciones del Estado bajo «una lógica mafiosa y gangsteril». La reconstrucción republicana, afirmó, exige «un cambio de gobierno, independencia de los poderes públicos, justicia para las víctimas y garantías de no repetición», y debe comenzar con la convocatoria a una elección presidencial.
La denuncia de la exmagistrada
César Siero, quien integró la Sala Político Administrativa del TSJ, publicó un video en YouTube en el que relató que sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023 por funcionarios de la DGCIM, en el caso conocido como «Operación Brazalete Blanco», y desaparecidos. Ese mismo día vencía el lapso para interponer las demandas de revisión de inhabilitaciones previstas en el Acuerdo de Barbados, y Machado fue la última en presentar la suya.
Según su relato, el 22 de diciembre de 2023, una semana después de las detenciones, la abogada asistente del presidente de la Sala, que es además su hija, le llevó las decisiones para que las firmara. «Teniendo a mis hermanos y a mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, las de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas», afirmó. El 26 de enero de 2024, la presidenta del TSJ le pidió firmarlas por segunda vez, y en esa ocasión se publicaron extractos: Machado y Henrique Capriles quedaron inhabilitados, y otros dirigentes, habilitados.
La exmagistrada aseguró que fue presionada para renunciar el 22 de enero de 2024, y que volvió a renunciar el 5 de febrero, tras ser interrogada por el fiscal general. Sostuvo además que los hechos atribuidos a sus familiares «no ocurrieron» y calificó el caso como «una narrativa construida» para criminalizarlos y presionarla. El 1 de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a su hermano Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración, y a Guillermo Henry y a Diana Victoria a tres años por encubrimiento.
📄#COMUNICADO Confesión de exmagistrada Bárbara César Siero desmonta inhabilitación de María Corina pic.twitter.com/bAIh0yAqFo
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 8, 2026
