El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes, la muerte de Elvis José Márquez Peña, quien se encontraba recluso en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como «La Mínima» de Tocuyito, un privado de libertad bajo custodia del régimen chavista.
Según los reportes del organismo, el deceso ocurrió el pasado 24 de octubre en el Hospital Dr. Enrique Tejera a causa de un shock séptico de origen urinario, derivado de una infección no tratada a tiempo y cuyo agente causante permanecía pendiente por identificar.
El OVP alertó que este suceso evidencia severas fallas en el sistema sanitario carcelario, al tiempo que planteó serios interrogantes sobre cuándo iniciaron los síntomas del detenido, el tipo de atención médica que recibió y las condiciones en las que se ejecutó su traslado hospitalario.
La ONG enfatizó que una infección urinaria es potencialmente tratable, por lo que resulta indispensable determinar si existieron omisiones o dilaciones que provocaran el fatal deterioro de su salud, tomando en cuenta que desde abril de 2026 se han documentado más de 70 muertes en penales venezolanos en contextos similares.
Ante esta situación, el director de la ONG, Humberto Prado, exigió al Ministerio Público y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para fijar responsabilidades penales, administrativas y civiles, y solicitó una evaluación médica urgente a toda la población reclusa que presente síntomas de infección o padecimientos crónicos, garantizando el suministro oportuno de medicamentos y las evaluaciones especializadas sin demoras que pongan en riesgo sus vidas.
Recordó que la protección del derecho a la salud de las personas privadas de libertad constituye una obligación ineludible del Estado, dada la total dependencia de los reclusos ante la administración penitenciaria para acceder a tratamientos.
Prado advirtió que la falta de respuesta oficial no se traducirá en impunidad ni detendrá la labor de documentación del organismo, enfatizando que «el silencio de los funcionarios no los exime de su obligación de proteger la vida y garantizar los derechos humanos» en las cárceles del país.
