La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel cumple este sábado 9 de marzo un mes detenida arbitrariamente, violando su derecho a la defensa y al debido proceso.
En los 30 días que tiene encarcelada, en el centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) El Helicoide, la presidenta de la ONG Control Ciudadano solo ha podido recibir en dos oportunidades la visita de su hija, Miranda Díaz San Miguel.
Sin embargo, no ha podido tener contacto con sus abogados de confianza, quienes tampoco han podido juramentarse ante el Tribunal para asumir su representación legal, que sigue en manos del defensor público que le impuso el régimen y que está dejando vencer lapsos procesales fundamentales para ejercer su defensa, perjudicándola.
En este mes que lleva encarcelada, la defensora de derechos humanos tampoco ha podido recibir asistencia consular de la Embajada de España en Venezuela, que ha seguido su caso por tener doble nacionalidad.
San Miguel fue detenida arbitrariamente la madrugada del 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. Desde entonces fue sometida a desaparición forzada temporal por más de 100 horas, sin que sus abogados o familiares supieran de su paradero.
Ademas de la defensora de derechos humanos, también fueron arrestados por varias horas su hija, el padre de su hija, sus dos hermanos y su expareja, Alejandro González, quien quedó detenido e imputado al igual que ella.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, la acusó -sin pruebas- de presuntamente estar involucrada en una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, denominada “Brazalete Blanco”. Traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación fueron los delitos imputados en una audiencia realizada de forma clandestina.
También la acusó de hacer labores de espionaje y suministrar información militar de Venezuela a embajadas europeas.
Los únicos elementos que Saab ha presentado como supuestas pruebas contra San Miguel han sido unos mapas cartográficos de acceso público, que ella utilizaba para sus actividades académicas.
La detención arbitraria de Rocío San Miguel ha generado una ola de repudio y preocupación internacional. La ONU, la CIDH, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y diversos países latinoamericanos exigieron su liberación.
