Un informe elaborado por 14 organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de Derechos Humanos de los venezolanos en Colombia, denunció que se ha incrementado la violencia policial en contra de personas LGBTI en situación de movilidad.
«Las personas LGBTI venezolanas en Colombia se enfrentan a situaciones de doble discriminación, debido a su nacionalidad y por sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas«, advierte el documento.
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El informe, coordinado por la profesora universitaria e investigadora Ligia Bolivar, contó con la colaboración de Caribe Afirmativo, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Corporación Opción Legal (COL), Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas Colombiana, Servicio Jesuita a Refugiados/Colombia (JRS Colombia), Servicio Jesuita a Refugiados-oficina regional Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) y Women’s Link Worldwide.
La investigación revela que se han documentado numerosos casos de violencia física, verbal y simbólica contra personas LGBTI venezolanas en Colombia, especialmente hacia mujeres trans y personas con expresiones de género diversas.
«Se presentó un incremento en la violencia policial, encontrándose muchos casos en que las mujeres trans sufrieron agresiones físicas y discriminación por parte de agentes de la policía en zonas de trabajo sexual. Además, en diversas ocasiones fueron víctimas de detenciones y deportaciones arbitrarias, llevadas de manera forzosa a zonas rurales y aisladas en la frontera entre Colombia y Venezuela», denuncian las ONG.
En el primer semestre de 2018, se registraron 23 hechos de violencia contra personas LGBTI en situación de movilidad humana:
- 1 mujer trans asesinada
- 5 personas LGBTI que murieron en etapa SIDA por falta de acceso a medicamentos
- 2 hechos colectivos de violencia policial contra mujeres trans en espacios públicos
- 42 quejas se interpusieron por discriminación y xenofobia, por su nacionalidad y sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas
Impunidad
Uno de los casos denunciados ocurrió el 24 de mayo de 2019 en Maicao, donde 7 mujeres trans fueron abordadas por 8 agentes de policía, 3 funcionarios de la alcaldía y 2 funcionarios de Migración Colombia, quienes las amenazaron con deportarlas y acusarlas de la comisión de delitos, las trasladaron a la estación de policía y les informaron que se trataba de un operativo. Finalmente, fueron trasladadas al Puesto Migratorio de Paraguachón en el que las hicieron permanecer toda la noche hasta dejarlas ir.
Las organizaciones advirtieron que aunque «estos hechos han sido reiterativos, y se denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, «en estos casos de violencia no se dispone de recursos adecuados y efectivos, ya que los recursos judiciales disponibles carecen de debido proceso, plazo razonable y debida diligencia».
Además denuncian que «se presentan barreras por prejuicios relacionados con las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas sumados a la falta de documentación o de regularización migratoria. A pesar de los esfuerzos de organizaciones sociales para denunciar y la apertura de procesos disciplinarios, no se conocen avances en las investigaciones, no hay adecuado juzgamiento, ni sanciones a los responsables».
Derechos al trabajo, educación y salud
Las personas LGBTI venezolanas también enfrentan obstáculos en la garantía de sus derechos al trabajo, educación y salud sin discriminación, señala el informe elaborado por 14 organizaciones de la sociedad civil.
«En Colombia, no se han tomado medidas progresivas para garantizar estos derechos. Las personas LGBTI venezolanas se encuentran en situaciones de marginalidad, precariedad y exclusión. En el caso de personas LGBTI que viven con VIH, se han documentado casos de negación de servicios de salud, discriminación y limitaciones relacionadas con su estatus migratorio«, denuncian.
La investigación revela que algunas personas se han visto obligadas a ocultar su orientación sexual, identidad y expresión de género por temor a no conseguir o perder empleos.
en materia del derecho a la educación, advierten que para las personas LGBTI en situación de movilidad «es casi imposible acceder a educación, por los costos económicos que no pueden cubrir y las situaciones de violencia en entornos educativos».
