El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al Ministerio Público investigar las declaraciones del exministro Alex Saab, quien habría reconocido su participación en delitos de lavado de dinero y señalado, entre otros, al diputado del PSUV José Gregorio Vielma Mora.
Durante una rueda de prensa, el dirigente del PCV Yul Jabour cuestionó que hasta ahora no exista un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones relacionadas con el entramado de lavado de dinero vinculado al programa de alimentos CLAP.
Jabour recordó que Vielma Mora fue gobernador del estado Táchira y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional. Sostuvo que el Ministerio Público debe determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades. También planteó que, si existen elementos, la Asamblea Nacional debe solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado.
El dirigente recordó además las denuncias del PCV sobre irregularidades en la distribución de las cajas CLAP, como productos vencidos y sobreprecios, y cuestionó que Saab haya sido defendido anteriormente por el régimen y presentado como un «héroe nacional».
PCV cuestiona trato a migrantes venezolanos en EE.UU.
Jabour también condenó las acciones de organismos de seguridad estadounidenses contra migrantes venezolanos y denunció su estigmatización. Afirmó que el programa «Vuelta a la Patria» promovido por Miraflores se ha traducido en deportaciones arbitrarias desde Estados Unidos.
Mencionó los casos de Julio Sosa, asesinado en enero, y Wilber Garcés, quien resultó gravemente herido tras una agresión de un agente del ICE. Asimismo, pidió que la protección de los migrantes sea prioritaria ante una eventual reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump.
Jabour reclamó además abordar el bloqueo de activos venezolanos en el exterior y la recuperación del oro depositado en bancos ingleses, ante la posibilidad de que pase al Departamento del Tesoro estadounidense.
PCV denuncia «represión de baja intensidad»
El PCV también denunció la persistencia de prácticas represivas contra trabajadores, comunidades y activistas que reclaman por servicios públicos y derechos económicos.
Jabour reconoció que la represión ha disminuido durante 2026, pero afirmó que «no ha cesado completamente» y que los organismos de seguridad permanecen intactos. Describió la situación como un «estado de represión de baja intensidad», especialmente contra quienes protestan por fallas eléctricas, falta de agua y bajos salarios.
Según el dirigente, algunas comunidades enfrentan cortes eléctricos de hasta 10 o 12 horas diarias y reciben agua apenas una vez al mes. También cuestionó la criminalización de las protestas, incluidas las realizadas por trabajadores de la educación.
Jabour afirmó que las estructuras de seguridad continúan bajo la conducción de funcionarios que ejercieron responsabilidades en años anteriores y ratificó el respaldo del PCV a trabajadores y activistas que reclaman la restitución de sus derechos.
