El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) presentó su Reporte Anual 2025, titulado “Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad”, en el que documenta un deterioro profundo y sostenido de la libertad de expresión en el país.
El informe revela que el año estuvo marcado por 139 violaciones al ejercicio del periodismo y al derecho a la información, en un contexto de criminalización, miedo y silenciamiento progresivo.
El reporte identifica como rasgo central del período la consolidación de un entorno hostil para la prensa, donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo. Según IPYS, el Estado venezolano utilizó de manera sistemática el aparato policial, militar y judicial para intimidar, castigar y controlar el flujo de información independiente.
25 periodistas encarcelados
Uno de los datos más graves del informe es el registro de 25 trabajadores de la prensa privados de libertad durante 2025, la cifra más alta documentada en Venezuela.
IPYS advierte que el encarcelamiento se convirtió en un mecanismo de intimidación colectiva: “La cárcel genera miedo, y el miedo genera autocensura”, señala el reporte.
Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, incomunicación y violaciones al debido proceso fueron prácticas recurrentes.
El informe revela que el miedo se instaló como un factor estructural del oficio. Entre los hallazgos más relevantes:
- 83% de los periodistas afirmó que cambió su forma de ejercer la profesión.
- 89,7% realizó más trabajo remoto que presencial, para evitar detenciones o agresiones.
- 80% ocultó su identidad en publicaciones para evitar represalias.
IPYS describe 2025 como un año en el que el periodismo venezolano entró en fase de clandestinidad, con reporteros que borran sus huellas digitales, evitan firmar sus trabajos y recurren a fuentes anónimas ante el temor de ser criminalizados.
El reporte también documenta persecución judicial que obliga al exilio o al abandono de la profesión; precarización económica de los medios; reducción de equipos de trabajo; bloqueos digitales que limitan el alcance de los contenidos; y vigilancia y criminalización de opiniones en redes sociales.
En 2025, IPYS registró 33 restricciones en internet, una de las categorías con mayor incidencia, lo que confirma que la censura digital sigue siendo una herramienta central del Estado para controlar el debate público.
IPYS advierte que el deterioro de las libertades informativas ya no solo se mide por la cantidad de medios activos o la cobertura territorial, sino por los temas que dejan de publicarse.
Violaciones de derechos humanos, corrupción, fallas de servicios públicos y pobreza son algunos de los asuntos que los periodistas evitan cubrir por temor a represalias.
El informe concluye que el miedo se ha convertido en un elemento estructural del ejercicio periodístico en Venezuela.
La consecuencia directa es un vacío informativo que afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada y limita su capacidad de participar en asuntos públicos.
IPYS resume el panorama con una frase contundente: “En Venezuela, el silencio también es una forma de censura”.
