La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó su preocupación tras la denuncia de familiares de presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, sobre el traslado de estos a otra área del penal, donde han sido mantenidos aislados del resto de la población penitenciaria desde hace una semana.
«Tanto los parientes como los presos desconocen por qué fueron movidos a otra zona de la cárcel de Tocorón. Además alegan que les prohíben la comunicación con otros detenidos poselectorales y que esto podría ocasionar un castigo», destaca la organización en su cuenta oficial en la red social X.
Afirman que «los familiares también se sienten preocupados por la salud mental de las personas que siguen detenidas en Tocorón, ya que los procesos judiciales no avanzan ni tienen respuestas concretas de los defensores públicos impuestos o de los fiscales».
«Desde las recientes excarcelaciones, tras el canje entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro, se incrementó la zozobra entre los reclusos porque desconocen cuándo podrán obtener su libertad».
Insisten en que «el fiscal de la República y el defensor del pueblo son cómplices de las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto poselectoral. Aún siguen tras las rejas de manera arbitraria y estos funcionarios no ordenan una investigación exhaustiva, al contrario, ponen pañitos de agua tibia en las reuniones con los familiares. El régimen de Maduro es el único responsable de la salud física y mental de las personas privadas de libertad».
Por otra parte, reiteran que «los familiares hacen esfuerzos para encontrar dinero y llevarle la paquetería a los detenidos, también para pagar las habitaciones cercanas a los penales (a donde se han tenido que mudar porque muchos viven en otros estados) o para costear el pasaje hasta la cárcel de Tocorón. Muchas madres, hermanas o esposas han perdido sus empleos por esta situación».